Mientras altos exfuncionarios públicos reciben pensiones entre 400 mil hasta un millón de pesos al mes, el ingreso de hogares por pensiones tuvo un promedio trimestral de 6 mil 244 pesos en 2024.
Dulce Olvera |Ciudad de México, 20 de marzo 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).– Este 2026, México destinará el 23 por ciento de su presupuesto público al pago de pensiones. Así ocurre año con año. Aunque es un rubro en el que existe una fuerte desigualdad, este año conocemos parte de la magnitud del problema. El monto que reciben unos cuantos está muy lejos del que reciben los jubilados que se retiran con pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE), no contributivas (programas sociales) o con una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).
Por ejemplo, el gasto per cápita anual de un pensionado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es 5.3 veces mayor que el de alguien que cotizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y –como reflejo de la brecha de género– es 50 veces más alto que el de una beneficiaria de la Pensión Mujer Bienestar, de acuerdo con un cálculo realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Mientras altos exfuncionarios públicos de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro reciben pensiones de 400 mil hasta un millón de pesos al mes, según cifras publicadas por la Secretaría Anticorrupción, el ingreso de hogares por transferencia, particularmente jubilaciones y pensiones, tuvo un promedio trimestral de 6 mil 244 pesos (ENIGH, Inegi, 2024).
«Cada sistema tiene requisitos y beneficios diferentes, pareciera que hay ‘tipos de trabajadores distintos’ y por eso hay ciertos trabajadores que tienen mejores pensiones que otros. Tenemos que revisar cuánto han contribuido los trabajadores a su pensión y cuánto están recibiendo, más allá de ponerle un tope porque incluso 70 mil pesos de pensión mensual es alta comparada con el promedio y con todo todas las personas que tienen solamente la Pensión para el Bienestar», dijo en entrevista Alejandra Macías, Directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El Inegi también registra que no todos los adultos mayores reciben pensión, sobre todo en zonas rurales, lo que lleva a este sector de la población a la carencia por alimentación nutritiva.
En 2024, el 51.8 por ciento de la población tenía acceso a la seguridad social (atención médica y pensión). Los habitantes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero reportaron cantidades inferiores en contraste con los de Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur que presentaron los niveles más altos, con más de 71.4 por ciento sin carencia por acceso a la seguridad social.
Además el 40.1 por ciento de personas de 60 años y más reportó recibir una pensión no contributiva (programas sociales). Las entidades federativas con adultos mayores que más reciben este tipo de pensión fueron Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Por zonas urbanas y rurales, el 46.5 por ciento de la población adulta mayor residente en el ámbito urbano contó con acceso a servicios de salud y percibía ingresos por jubilación o pensión equivalentes o superiores a la línea de pobreza por ingresos.
En el ámbito rural, fue menos: el 16.3 de la población se encontraba en la misma situación. Esta diferencia implica una brecha de 30.2 puntos porcentuales entre ambos contextos.
En este contexto, el 21.2 por ciento de los hogares rurales conformados exclusivamente por personas adultas mayores presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y en los hogares urbanos fue de 11.6 por ciento, de acuerdo con las cifras del Inegi correspondientes a 2024.
Gasto en pensiones
Además de desigual, el sistema de pensiones es híbrido, ya que combina pensiones contributivas para extrabajadores del IMSS, ISSSTE o Pemex; un sistema de cuentas individuales (Afores) para los que cotizan después de la reforma zedillista y, para quienes trabajaron en el sector informal, una pensión no contributiva a través de programas sociales.
Frente a los denominadas «pensiones doradas» de altos exfuncionarios públicos, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa legislativa para poner como tope de pensión mensual 70 mil pesos. Esto generaría un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales. La reforma excluye a pensionados de Fuerzas Armadas, jubilados con Afores, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales y la pensión no contributiva.
«Es algo que se tiene que hacer en términos de justicia, pero necesitas hacer muchos más cambios en el sistema de pensiones para al menos contener el gasto que va creciendo continuamente y después hacerlo más equitativo», dijo Macías, directora del CIEP.
La economista abundó: «el problema es que estas pensiones las pagamos todas y todos los mexicanos. No las están pagando los ahorros o un fondo de pensiones, sino ahora es gasto corriente. Entonces, también el gasto en pensiones está desplazando gasto en salud, en educación, en seguridad, incluso para un sistema de cuidados y eso es lo que pone en riesgo la misma sostenibilidad de las finanzas públicas».
Este 2026 el gasto del Gobierno federal en pensiones absorbe el 23 por ciento del presupuesto de egresos y el 40 por ciento de los ingresos tributarios; esta presión seguirá aumentando los siguientes años, de acuerdo con el CIEP.
El gasto total en pensiones asciende este año a 2.3 billones de pesos, un crecimiento de 3.7 por ciento real con respecto al aprobado en 2025. Por un lado, el gasto en pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE) concentra 1.7 billones de pesos y las pensiones no contributivas crecieron 13.5 por ciento, con un monto proyectado de 619 mil 703 millones de pesos, sobre todo por un aumento en pensiones para mujeres.
El presupuesto de Pensión Mujer Bienestar, implementado por la presente administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, corresponde a la ampliación de cobertura a 3 millones de mujeres entre 60 y 64 años de edad.
En 2024, de acuerdo con el CIEP, sólo el 30 por ciento de las pensiones contributivas correspondieron a mujeres. La brecha en el monto entre hombres y mujeres era de 9 por ciento, pero en el caso de mujeres viudas es de 22 por ciento, muchas de las cuales acceden a pensiones por viudez.
«Las mujeres tenemos una participación femenina laboral muy baja en México y generalmente es en la parte informal, y cuando estás en la informalidad no se contribuye para una pensión. Aunque empecemos a trabajar en el sector formal, empecemos a hacer contribuciones a nuestra pensión, lo más probable es que salgamos en algún momento del mercado laboral para maternar, para cuidar, para hacer trabajo no remunerado», explicó Macías.
Dueños de las Afores
El 40.1 por ciento de la población ocupada subordinada de 24 a 29 años estaba inscrita a una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), en contraste con 25.2 por ciento de quienes tenían entre 18 y 23 años (Inegi, 2024).
Diez Afores administran más de 69 millones de cuentas por un total de 8 mil 665 millones de pesos (febrero 2026) que incluye recursos de los trabajadores y capital de las Afores (que va a inversión diversificada no de riesgo en infraestructura, sector energético, carreteras y vivienda para plusvalía), de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (CONSAR).
El financiamiento de las pensiones en México proviene de tres fuentes principales: del presupuesto (90 por ciento); del ahorro de los trabajadores en sus Afores (9.9 por ciento); y del Fondo de Pensiones para el Bienestar (0.1 por ciento), registra el CIEP.
El Fondo se creó con la reforma de 2024 con el propósito de mejorar las tasas de reemplazo (salario-pensión) de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE bajo el esquema de cuentas individuales; busca que el trabajador del Estado y el afiliado al IMSS se jubile con su salario, de acuerdo con lo dicho por la Presidenta Claudia Sheinbaum en mayo 2025 cuando los profesores de la CNTE pidieron erogar la Ley del ISSSTE de 2007 que los orilla a jubilarse mediante Afores.
